La lucha contra la siniestralidad laboral es el objetivo del protocolo marco firmado por los Ministerios de Interior y Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que contempla, entre otras actuaciones, la pena de cárcel por imprudencia profesional.

El acuerdo establece tres protocolos de actuación: en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; en la indagación de los delitos de riesgo y en la ejecución de las sentencias. También contempla la colaboración entre los diferentes organismos administrativos y facilita a jueces y fiscales, entre otros, la investigación de la titularidad mercantil para evitar que los empresarios puedan eludir su responsabilidad.

A este acuerdo se han adherido los sindicatos CC.OO. y UGT, mientras que la CEOE no apoya el proyecto, a pesar de haber estado participando desde el inicio de las negociaciones, porque concede una mayor capacidad de acción a los sindicatos. En concreto no están de acuerdo con una cláusula que «concede un plus de acción sindical» y permite a los sindicatos personarse en los procesos judiciales.

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